La iniciativa ha estado marcada por la violencia que Carmen ha vivido y que, lejos de ser un hecho aislado y personal, hace parte de la memoria colectiva de los catatumberos. Por ello, no es posible hablar del presente sin recordar el pasado. Las prácticas y modalidades del terror implantadas por los guerrilleros y paramilitares convirtieron el territorio en un paisaje de muerte, desaparición y desarraigo. La fuerza pública ha sido otro de los actores responsables, pues facilitó la violencia por acción u omisión⁴La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once personas, un general, seis oficiales, tres suboficiales del Ejército y un tercero civil por su participación en 120 ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008 (Jurisdicción Especial para la Paz, «JEP imputa crímenes de guerra»)., y actualmente participa en la vulneración de los derechos de la población civil desde la persecución, la estigmatización, los combates con actores armados, el uso de las personas como informantes y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (uno de los últimos hechos de erradicación forzada se presentó el 28 y 29 de octubre de 2022: mientras en Campo Dos, zona rural de Tibú, se realizaba el tercer encuentro regional de familias y comunidades que subsisten de la economía de la hoja de coca, en las veredas El Retiro y Caño Indio se inició un proceso de destrucción de cultivos).

«Gracias a Dios no me mataron», manifiesta García, mientras recuerda que logró seguir con vida, pese al secuestro y a las múltiples formas de violencia. Lo dice con tranquilidad, pero mientras habla observa sus manos, las mismas que tienen las huellas de las experiencias traumáticas que vivió: como resultado de la violencia paramilitar, tiene cicatrices en los dedos y no puede mover completamente uno de sus brazos. Ha canalizado el dolor a través de la poesía. Es escritora, como su padre, Tirso Vélez, alcalde de Tibú en 1992. Su musa, en los textos y en su rol de activista, es el amor que emerge de la resistencia y de su confianza en que es posible tener un Catatumbo en paz.

«Madres del Catatumbo lo que está bregando es que a las mujeres no les toque pasar todo lo que yo viví, porque a mí el único que me acompañó y salvó fue Dios», asegura. La asociación nació el 29 de mayo de 2019. Para entonces, Carmen era la coordinadora de la Mesa de Víctimas y en un recorrido por el Catatumbo empezó a reconocer que las madres eran quienes estaban poniendo los muertos de la guerra. Desde su rol como defensora de derechos humanos escuchaba constantemente frases como «Mira, es que mi hijo pertenece al ELN y mi sobrino al EPL, si mi hijo mata a mi sobrino, mi hermana me mata a mí».

Tuvo que ver a varias mujeres llorando la muerte de sus hijos y se vio reflejada en el sufrimiento que padeció en las tierras catatumberas. Las súplicas de ayuda no la dejaban dormir y por eso decidió realizar una cumbre de madres, en el Kilómetro 19, el 29 de mayo de 2019. Así nació la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz. La premisa era una sola: «Se van a juntar las madres pa no parirle hijos a la guerra». La elección del lugar fue estratégica, pues quería resignificar lo vivido allí, según lo plasmó en el poema «Kilómetro 19»:

Kilómetro diecinueve, cuarenta minutos,
con la mochila en la espalda y la incertidumbre en la cara.
Sin respuesta emprenden la marcha,
con seguir vivos basta.
Toma de la mano a sus hijos, huye, con un
crucifijo bailando en mitad del pecho.
Kilómetro diecinueve, cuarenta minutos.

El poema es una conmemoración de las madres víctimas y hace referencia a las masacres cometidas por los paramilitares, en las que estos acostaban a algunas personas en la carretera para asesinarlas, mientras los demás tenían unos minutos para huir. La asociación, que nació del dolor y se pensó para Tibú, terminó convertida en una iniciativa para todo el Catatumbo. A ella se sumaron madres de Ocaña, El Tarra y San Calixto, entre otros municipios. Ese 29 de mayo, varias mujeres en la Plaza de Mayo, Argentina, les enviaron un saludo que las llenó de fuerza. «Madres empezó por lo grande. La guerrilla nos puso cinco bombas para no dejar llegar a la gente que venía; gracias a Dios la gente ya había llegado el día anterior», dice Carmen con una sonrisa, victoriosa por haberle ganado una batalla a los grupos armados.

Con la salida de las FARC-EP del territorio tras el Acuerdo de Paz, el EPL y el Clan del Golfo empezaron una disputa territorial con el ELN que afectó a las comunidades y a sus líderes y defensores de derechos humanos. En 2020, durante el segundo año de la asociación, la violencia no cesó. Cuatro líderes y un excombatiente de las FARC-EP fueron asesinados en Tibú. Además, pese a la firma del Acuerdo, el Ejército realizó operativos de erradicación forzada que ocasionaron la muerte de Digno Buendía y le causaron graves heridas a Jimmy González⁵Defensoría del Pueblo, «Alerta temprana n.o 035-2020».. Dos meses después, el 18 de julio, en la vereda Totumito-Carboneras, de Tibú, la masacre de ocho civiles –entre ellos un líder social de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat)– causó el desplazamiento de 419 personas. El día siguiente, por las mismas razones, se desplazaron 433 más⁶Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, «Colombia: desplazamientos»..

Para entonces, banderas de distintos colores se apreciaban en el territorio, pues las familias nortesantandereanas las ubicaban en las fachadas de casas como un llamado de auxilio ante las necesidades insatisfechas. A la vulneración de derechos humanos se sumó la situación de salubridad mundial que posicionó a Norte de Santander como el segundo departamento con mayor tasa de mortalidad por covid-19 en Colombia⁷Entre marzo de 2020 y enero de 2021, con una tasa de 173,1 por cada 100 habitantes, Norte de Santander registró la segunda mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el país (DANE, «Defunciones»).. El panorama en la región era de abandono estatal, confluencia de estructuras armadas ilegales, miedo, hambre y enfermedad. El compromiso de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz motivó a las mujeres a pensar estrategias para mitigar el impacto de la violencia. «Hicimos una campaña que presentamos a la Gobernación: la bandera amarilla. Por todo el territorio llevamos médicos, colchones y mercados donde conseguimos esa bandera», cuenta García.

En 2021, habitar Tibú desde un cuerpo femenino se convirtió en una sentencia de muerte: 25 mujeres fueron amenazadas y, entre abril y mayo, 8 fueron asesinadas, entre ellas Nancy Yaneth Mejía Araque, activista de la Red de Mujeres de Ascamcat. Por WhatsApp circulaban videos donde aparecían 76 adultas, niñas y jóvenes, señaladas por su vida sexual, por abortar o por tener relaciones con miembros de la fuerza pública. «La agazapadita», «la comeviejos», «la santa de Calcuta», «la moza de la Policía» y «la comesoldados» fueron algunos de los insultos que acompañaron las fotografías⁸Caballero, «Feminicidios en Tibú»..

La ausencia de un paso formal entre Colombia y Venezuela ha propiciado la creación de más de 172 trochas usadas para transitar y fortalecer a los actores armados mediante economías ilegales. Son ellos quienes definen los lugares, los productos y las horas transitables, así como los vínculos sociales permitidos, pues uno de sus mandatos es no relacionarse con la fuerza pública. Frente al panorama de amenazas y miedos, 50 mujeres se desplazaron y el municipio comenzó a ser conocido como «la Ciudad Juárez colombiana» (ciudad fronteriza ubicada en el norte de México y que desde la década del noventa es reconocida mundialmente por los casos de feminicidio que ocurren allí).

«La zozobra era mucha y dijimos: “Tenemos que formar una red”. Y con esa red, los mismos esposos ayudaban a sacar a las mujeres vestidas de hombres y yo las recogía en la Y, y así las seguimos sacando», señala García. La labor humanitaria ha permitido reconocer a la fuerza pública como otro de los actores que ejerce violencia: «En 2021 sacamos a 46 mujeres amenazadas por estos grupos, a quienes se entrevistó e inmediatamente nos dimos cuenta de que estaban siendo utilizadas por la fuerza pública como informantes», agrega.

Cuando las integrantes de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz emprendieron la labor de salvar a las mujeres, empezaron a ser perseguidas por la fuerza pública. Sin embargo, siguen trabajando bajo una consigna: «Si callamos nos asesinan y si hablamos también, entonces hablamos para que el mundo sepa la verdad». En 2021 se manifestaron en la Gobernación de Norte de Santander; ante la ausencia de respuesta estatal, llegaron a Bogotá y frente al Ministerio de Defensa declararon que las estaban matando. «Mensualmente son tres o cuatro mujeres, a veces hasta diez, las que sacamos del territorio; la mayoría por amenazas de grupos al margen de la ley», dice García.

La defensa de los derechos humanos les ha costado amenazas y muertes. En junio de 2021, Carmen García interpuso una denuncia por el asesinato de Carmen Navas, fiscal especializada de Tibú, y posteriormente fue amenazada de muerte. Mientras estaba en una reunión, la llamó el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, quien le informó de una alerta de homicidio contra ella. La lideresa tuvo que salir del territorio.

No obstante, las labores continúan. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz –que también está conformada por familiares de integrantes de estructuras armadas ilegales– se ha encargado de rescatar a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. La asociación elabora un documento y lo hace llegar a los actores armados, y logra, así, la entrega de los menores. Actualmente es reconocida por las estructuras armadas como una asociación de defensoras de derechos humanos y cuando tales estructuras están dispuestas a realizar liberaciones, la contactan. Asimismo, su liderazgo y compromiso ha hecho que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le permita el cuidado de los menores, mientras se les restablecen sus derechos con las instituciones pertinentes.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se agudizó, porque las estructuras armadas ilegales apelaron a él como estrategia para impulsar su expansión; entre 2017 y 2020 se registraron 37 casos de este fenómeno en Norte de Santander, nueve de ellos en Tibú, lo que ha posicionado al departamento como el décimo con más casos. Sin embargo, las cifras no reflejan el drama real, pues las familias no denuncian por temor a que los menores sean asesinados. Según líderes sociales del Catatumbo, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, 25 menores fueron reclutados, 3 desaparecidos «y aproximadamente 50 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 19 años se vincularon a los carteles del narcotráfico»⁹Cotamo, «Comunidad del Catatumbo»..

Las particularidades del territorio hacen que el trabajo de la Asociación de Madres del Catatumbo no culmine con la entrega de los menores. Las mujeres reconocen las rupturas del tejido social como una de las consecuencias del conflicto armado y les apuestan a los procesos de reconciliación. «Porque la guerra no es solo desarmar a los actores, es desarmar nuestros corazones y nosotros tenemos todavía nuestros corazones armados», dice García.

Antes de los reencuentros entre las familias y los menores, en la asociación conversan con los padres y les explican que los niños, niñas y adolescentes fueron engañados (las estructuras armadas ilegales recurren a motivaciones económicas y al ofrecimiento de mejoras en la calidad de vida y de mayores libertades para atraerlos). «Empieza el reconocimiento del reclutamiento forzado y dejan de creer que los hijos se fueron porque quisieron y desobedecieron, y así sanan ese dolor», manifiesta García. La asociación acompaña a las víctimas por tres años; así, en 2022 culminó el proceso con algunos niños, niñas y jóvenes. «Pero esto es más de amor, yo creo que seguimos acompañando hasta que nos necesiten y hasta que nosotras sigamos vivas», agrega.

El compromiso y anhelo de transformar el territorio impiden que el trabajo tenga limitantes. La asociación no solo media entre los menores, las familias y las estructuras, sino también entre las comunidades y los actores armados ilegales, que han logrado implantar el terror y posicionarse como autoridad: en julio de 2022, disidencias de las FARC-EP patrullaron la Alcaldía de Tibú durante el día. Asimismo, el ELN despidió a un guerrillero en Campo Dos, lo que propició debates sobre el rol de la fuerza pública en el territorio. Al respecto, García destaca: «Estamos viendo cómo están incrementando, con la falta de confianza en las instituciones, las denuncias ante los grupos armados. Las comunidades están viendo a los grupos al margen de la ley como una autoridad para arreglar las cosas, sin pensar que pueden hacer matar a otra persona, entonces yo todos los días recibo quejas: “Doña Carmen, que fulano me denunció y tengo cita mañana”».

La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz les ha llamado la atención a los integrantes de las estructuras armadas ilegales y les ha recalcado que ellos no son la autoridad. A las comunidades, a su vez, les han señalado que existen entidades que reciben las denuncias. La labor humanitaria ha causado las amenazas a nueve mujeres de la organización, pero esto no ha extinguido su trabajo.

Rodolfo Galvis: «Ellos también sentían y yo sufría con ellos»

El 10 de septiembre de 2021, Colombia conoció a Rodolfo Galvis, el líder social que, en 2015, después de preguntarse qué podía hacer para construir la paz, decidió fundar la Cooperativa Semilleros de Paz Colombia. Por tercera vez, la fotografía del hombre de tez blanca y contextura delgada empezó a aparecer en la prensa. «Buscan a Rodolfo Galvis», titulaban los medios para entonces, y agregaban que este había desaparecido de su finca ubicada en Ambato, zona rural de Tibú.

«Nosotros no somos malos, no es como la gente dice», le afirmó el ELN a Galvis, después de apuntarle con armas, hacer un tiro al aire y privarlo de su libertad. Lo castigaron por no haber pedido permiso para apoyar a los reclamantes de tierras del Catatumbo, amparado en la Ley 1448 de 2011. «Es que ustedes antes de hacer eso tienen que venir a hablar con nosotros. Ustedes no tengan miedo, ustedes como representantes pueden venir, nosotros no les vamos a hacer nada», le dijo la estructura armada ilegal, y le indicó que lo iban «a investigar» (un proceso que podía durar uno, cinco o doce meses).

En su estancia con el ELN, Galvis sintió cinco veces la muerte de cerca. La primera, cuando lo abordaron en su finca, porque forcejó con uno de los miembros de esa guerrilla. «Él hizo un tiro al aire, estuvo a punto de matarme, pero no lo hizo. A lo que hizo ese tiro, cayeron los otros enfusilados», cuenta Galvis. La segunda vez la describe como una película «donde usted sabe el principio, pero no sabe el final»: lo sacaron de la casa y le preguntaron si tenía algo pendiente por hacer. La incertidumbre lo envolvía, no sabía qué iba a pasar y veía al sujeto que estaba al mando. Al salir, lo esperaba un paisaje de terror: se halló frente a un hueco y había una guerrillera apuntándole con un fusil. Pensó que eran sus últimos minutos, pero nuevamente se salvó. «Resulta que ese día iba a haber una visita, pero la visita no se podía dar cuenta de que había un retenido», señala.

La tercera y la cuarta fueron intentos de suicidio. Habitó en varias casas, pues lo trasladaban constantemente porque «como que se estaba metiendo el Ejército, como que estaban cerquita», dice Galvis. En uno de los sitios identificó una pimpina con veneno: «él que me cierra y yo empecé a tomar esa pimpina. Sí, yo me la tomé», dice mientras empieza a llorar. Seguidamente, mira sus manos y sus pies, y cuenta que las extremidades se le pusieron negras por la intoxicación. Los sentires de ese momento los plasmó en un poema que tituló «Un lugar a solas con Dios»:

Era una noche ya muy tarde, muy tarde,
sentía cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo.
¿Digo yo, el estado de la muerte?
Me senté a un lado de mi cama,
y pareciera que me sosteniera el viento,
era un lugar muy oscuro,
pero sentía una paz y un silencio
no lloraba, ni tenía pensamientos,
me hallaba ya casi muerto,
no tenía miedo, y di dos pasos,
o me quedaba divagando en el tiempo,
o recuperarían mi cuerpo.
¿Qué te digo yo, alma mía?
Tú que desde la cuna fuiste mi lecho,
me abrazaste y me arrullaste junto a tu pecho,
tú, cuerpo, que fuiste mi terruño,
mi deseo es entregarte sin ningún rasguño
que cuando te examinen no encuentren nada
solo que su cerebro se fue yendo muy lentamente,
como la muerte que no tiene nombre.

Galvis necesitaba respuestas y reiteradamente preguntaba por el futuro que lo esperaba. Aunque le decían que no iba a morir, lo desesperaba seguir privado de la libertad. Cuando identificaron la gravedad de su estado de salud, uno de los integrantes del ELN llamó al mando y le preguntó qué pensaban hacer con él: «Si me iban a matar o qué iban a hacer, porque si no llegaban, yo no iba a aguantar. Si ellos permitían que yo me muriera, era porque ya finalmente habían decidido que yo iba a morir, pero si ellos intentaban hacer lo posible para que yo no me muriera, era porque tenían planes diferentes».

No comió durante cuatro días, pero se recuperó. El ELN procuró salvarlo, pero sus acciones no fueron suficientes para tranquilizarlo. Intentó suicidarse por segunda vez y se preparó para una tercera oportunidad en caso de que tampoco funcionara: «Yo con una aguja de inyectar ganado y con el mismo veneno agarré y me inyecté, y, si no me sacan rápido, ya tenía la cuchilla debajo de una cama», dice con la voz entrecortada y en medio de lágrimas. «Se les había olvidado que yo era un retenido y que podía atentar… no contra ellos, sino contra mi vida».

Galvis planeaba que el veneno le afectara el corazón y se introdujo el líquido en la vena. Nuevamente se recuperó. Esta vez, el ELN impidió un tercer intento de suicidio manteniéndolo esposado hasta que lo trasladaron a un campamento de cuido, lugar donde pasó las fechas especiales de diciembre. El 7 de enero le pidieron que grabara un video; debía decir: «Mi nombre es Rodolfo Galvis, me han tratado bien», pero él añadió: «Si hay vida, hay esperanza».

El 6 de septiembre de 2022, le pidieron que salieran del campamento de cuido, lo subieron a un vehículo con los ojos vendados y viajó todo el día. Llegó la noche y esperaba lo peor, pero al fin escuchó un «Yo soy el padre Víctor Hugo», la frase que le anunció su libertad. Hasta entonces, no sabía el porqué de su largo trayecto e imaginaba que lo asesinarían. Ahora recuerda, entre risas y lágrimas, todo lo vivido, y agradece la posibilidad de continuar trabajando por la reivindicación de los derechos de los reclamantes de tierras.

«No todo fue tristeza. Yo lloré cuando ellos lloraban. Lloré como tres veces. Lloré cuando uno de ellos puso un explosivo y por poner ese explosivo murió. Lloré también cuando a Mariela la trasladaron… ella no quería y se puso a llorar. Cuando ella lloró, yo también lloré. Lloré porque se iba, sentía el mismo dolor. Lloraba por esta guerra absurda, porque nos mataríamos los unos a los otros. Había cosas bonitas también: Junior me hizo una manilla de recuerdo, era un buen muchacho. Le conocí el corazón a cada uno, sabía qué pensaban, sabía que sufrían porque sus familias no estaban ahí; ellos también sentían y yo sufría con ellos», dice Galvis.

Rodolfo Galvis considera injusto su secuestro. Lo sufrió física y psicológicamente, pero no guarda rencor. Convivir con el ELN, incluso en las fechas decembrinas, le permitió reconocer a los miembros de esta guerrilla desde su condición humana. Se pronuncia en contra de las armas y de la guerra, y, simultáneamente, destaca que los guerrilleros, más allá de sus uniformes y fusiles, también son hijos, hermanos y tíos. Por eso, al igual que Carmen García, considera absurdo el conflicto armado que Colombia ha vivido desde hace más de cinco décadas.

Ahora teme la posibilidad de que le hagan daño de nuevo, porque el ELN le dijo que la investigación sigue abierta. Sin embargo, no contempla abandonar su apoyo a los reclamantes de tierras. Su privación de la libertad fue una experiencia de la guerra, pero no fue la primera que lo convirtió en víctima del conflicto armado: en 2001, cuando fue desplazado de La Llana, zona rural de Tibú, se sumó a las 46.000 personas que entre 1980 y agosto de 2013 fueron expulsadas del Catatumbo¹⁰Centro Nacional de Memoria Histórica, Con licencia..

El éxodo sistemático y masivo causó la dejación de 53.259 hectáreas, es decir, el 19 % de la superficie del territorio. En 2010, la situación ubicó al municipio en el decimosegundo lugar entre los cien más afectados por abandono forzado de predios, hecho que favoreció un proceso de compraventas justificadas para proyectos de palmas¹¹Ibíd.. Así, cuando Galvis retornó, en 2005, enfrentó el despojo de su propiedad por parte de una empresa que derribó su finca para la siembra de la planta. Actualmente este es uno de los casos que la Unidad de Restitución de Tierras sigue sin resolver (de acuerdo con Caracol Radio, 1.700 solicitudes de restitución siguen pendientes en la región del Catatumbo)¹²Caracol Radio, «Procesos de restitución»..

«Al mismo tiempo que yo tenía solicitud de restitución de tierras, me di cuenta de que había que ayudar a las personas que estaban en la misma situación y logré microfocalizar¹³En el marco de la Ley 1448 de 2011, que destaca la restitución como un derecho a la reparación, se expidieron los Decretos 4829 de 2011 y 599 de 2012, los cuales incorporan el concepto de focalización de predios. Lo anterior es fundamental porque, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno, permite definir cuáles áreas son aptas para iniciar la restitución. a través de una tutela», afirma. El trabajo es importante, teniendo en cuenta que la focalización es una etapa clave para continuar con la restitución de los predios, pues las solicitudes que no se encuentren en esas zonas no son tramitadas por la Unidad de Restitución de Tierras. A partir de la Resolución 00509 del 15 de mayo de 2019, la Dirección Territorial Norte de Santander microfocalizó parcialmente el municipio de Tibú, lo que favoreció la intervención en las veredas Ambato, Barco Silla, El Empalme, San Miguel, Villa del Carmen, La Lejía, La Primavera, El Socorro, El Totumo Caño Medio y la parte sur de la vereda La Batería.

No obstante, con la Resolución 01306 del 15 de julio de 2021, la entidad ordenó suspender 32 solicitudes de Tibú, entre ellas tres de Galvis, debido a la falta de condiciones de seguridad necesarias para la etapa administrativa de la restitución. Asimismo, en el documento se señala que el coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez informó de la injerencia de estructuras armadas ilegales en el municipio y distintos hechos de violencia en lo corrido de 2021, particularidades que impiden las diligencias de comunicación y georreferenciación de los predios.

En junio de 2021, y en medio del contexto de violencia mencionado, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) –encargado de recomendar las medidas de protección individuales y colectivas, estableciendo las entidades, los responsables, los tiempos y los plazos de ejecución– determinó que el riesgo de Galvis «disminuyó ostensiblemente, pues no cuenta con una amenaza real que pueda ser valorada objetivamente»¹⁴En el marco de la Ley 1448 de 2011, que destaca la restitución como un derecho a la reparación, se expidieron los Decretos 4829 de 2011 y 599 de 2012, los cuales incorporan el concepto de focalización de predios. Lo anterior es fundamental porque, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno, permite definir cuáles áreas son aptas para iniciar la restitución.. Frente a ello, Galvis destaca: «Me lo bajaron poniendo en riesgo mi vida, a pesar de que en muchas oportunidades les dije de mi situación, y que por el tema de restitución de tierras mi vida estaba corriendo peligro. La Unidad Nacional de Protección tenía conocimiento de que yo bajaría para Tibú y que llegaría a Ambato el día del secuestro. El escolta que me asignó la Unidad Nacional de Protección se abstuvo de ir conmigo e inclusive manifestó que, si yo no tenía recursos para moverme y para que él se moviera, no me acompañaba. Yo le dije que el transporte solo costaba $2.500 y él me contestó que no lo asumía; yo le dije que entonces qué clase de protección era la que me ofrecían».

Dos meses después de la decisión del Cerrem, y pese al recurso de apelación presentado por Galvis, ocurrió el secuestro. Fueron casi doce meses de incertidumbre. Los actores armados les recordaron a los catatumberos, y al país, quién tiene el control de la subregión. Sin embargo, las organizaciones sociales de Diaconpaz también enviaron un mensaje: en medio de la violencia, siguieron creando alternativas para habitar y reinventar el territorio. La negación de la vida, reflejada en la sistematicidad de las muertes, las amenazas, los secuestros y las desapariciones, no ha logrado silenciarlos. Los tibuyanos comparten el dolor de habitar un municipio históricamente conflictivo, pero también la disposición para transformarlo.

Recomendaciones

A Migración Colombia, le recomendamos descentralizar los puestos de control migratorio (PCM) del área metropolitana de Cúcuta. Municipios fronterizos como Tibú, que siguen sin tener un control migratorio, están en manos de estructuras armadas ilegales que establecen rentas ilegales por el paso peatonal, vehicular o comercial, y, además, se aprovechan de la vulnerabilidad en la que llegan algunos ciudadanos refugiados, retornados o migrantes, para vincularlos a sus estructuras delictivas.

A la Fiscalía y a la Procuraduría les recomendamos adelantar procesos disciplinarios y judiciales frente a la omisión o extralimitación de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones, para así restablecer los derechos individuales y colectivos de los habitantes nortesantandereanos.

A la fuerza pública le recomendamos garantizar la seguridad de la población para recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad, propiciar ambientes pertinentes para la restitución de tierras y contribuir a la propuesta del presidente Gustavo Petro: convertir el Catatumbo en la capital nacional de la paz.

A la Unidad Nacional de Protección le recomendamos, con un enfoque territorial, diferencial y de acción sin daño, adoptar medidas eficaces, idóneas y oportunas para la protección de la vida y la integridad de líderes y defensores de derechos humanos.

Al los Estados colombiano y venezolano, les recomendamos avanzar en el restablecimiento de las relaciones binacionales para garantizar la normalización de los puentes La Unión, Internacional Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Tienditas, y con ello mitigar el control social, económico y político que ejercen las estructuras armadas ilegales. De igual forma, promover consensos que permitan garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la política de paz total, teniendo en cuenta la crisis humanitaria que atraviesa la población fronteriza.

Liderazgos como los de García y Galvis deben prevalecer y protegerse en una sociedad como la colombiana, donde la vida es efímera para quienes protegen los derechos humanos y el territorio, y donde el triángulo de la violencia directa, cultural y estructural afecta lo que estos líderes defienden: la construcción del tejido social y las relaciones humanas en las comunidades.

Referencias

Caballero, I. «Feminicidios en Tibú, la Ciudad Juárez colombiana». Cambio (6 de febrero de 2022). Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Caracol Radio. «Procesos de restitución de tierras avanza en Norte de Santander». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Centro Nacional de Memoria Histórica. Con licencia para desplazar: masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo. Bogotá: CNMH, 2015.

Cotamo, O. L. «Comunidad del Catatumbo denuncia incremento de reclutamiento de menores de edad». RCN Radio. Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

DANE. «Defunciones por COVID-19». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Defensoría del Pueblo. «Alerta temprana n.o 035-2020». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

El Espectador. «El Catatumbo es una especie de Bronx a nivel nacional: Presidente Santos». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Jurisdicción Especial para la Paz. «JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, 6 oficiales y 3 suboficiales del Ejército, y a un tercero civil, por “falsos positivos” en Catatumbo». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. «Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

_____. «Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. «Colombia: desplazamientos masivos en Cúcuta y Tibú (Norte de Santander). Flash Update No. 1 (31/07/2020)». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.

Unidad Nacional de Protección. Resolución 8378 de 2021.