Soy abogada y defensora de derechos humanos en Venezuela. Desde mayo de 2009 decidí emprender este camino, dada la compleja crisis humanitaria que vive mi país; en ella, el deterioro democrático y las prácticas autoritarias del Gobierno han derivado en profundas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esta crisis, materializada en una constante represión política por parte de las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia y las entidades del Gobierno, ha derivado en una de las olas migratorias más grandes en la historia del continente: según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), con datos actualizados al 5 de noviembre de 2022, el éxodo forzado de venezolanos supera los 7,1 millones de personas. Yo he decidido permanecer en la frontera para acompañar, desde la organización Foro Penal, la defensa jurídica de personas detenidas arbitrariamente y representar a familiares de víctimas de asesinato.
Trabajo en el estado fronterizo del Táchira, límite con el departamento de Norte de Santander de la República de Colombia; históricamente, esta frontera ha sido reconocida como «la más viva de Latinoamérica». Táchira es una de las 24 entidades federales de la República Bolivariana de Venezuela, está ubicada en la zona del piedemonte andino, al suroeste y occidente del país, y cuenta con 29 municipios. Reconocido como cuna de los presidentes de Venezuela, el estado se ha convertido en uno de los más resistentes al proyecto ideológico que gobierna al país hace más de veinte años. Desde los inicios de la denominada «Revolución bolivariana», la sociedad civil ha promovido varias acciones para manifestarse contra el socialismo del siglo XXI encabezado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro (acciones que han sido reprimidas por el Gobierno). La última ola de manifestaciones sociales comenzó en 2014, cuando grupos estudiantiles en San Cristóbal salieron a protestar contra la inseguridad en las casas de educación superior e iniciaron un estallido social que se extendió por todo el país1Wallace, «San Cristóbal»..
Las protestas fueron reprimidas: según organizaciones sociales venezolanas, al menos 43 personas fallecieron y, además, hubo una estrategia de asfixia económica por parte del Gobierno, que se basó en bloquear el acceso a bienes de primera necesidad a varios estados del país –incluido Táchira– y hacer racionamientos de energía eléctrica2Lozano, «Venezuela regresa a los racionamientos»..
El Gobierno utilizó las protestas de 2014, particularmente las que se hicieron en Táchira, como una especie de plan piloto en el que sofisticó mecanismos para reprimir a la población y violar los derechos humanos, instaurando las bases de una estrategia sistemática que se desplegó por todo el país: de acuerdo con el informe 2021/2022 de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad cometen, desde entonces, ejecuciones extrajudiciales; según la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU, entre 2014 y marzo de 2022 murieron más de 200 personas. A esta práctica se suman, según Amnistía Internacional, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, así como un uso excesivo de la fuerza y decenas de detenciones arbitrarias.
En 2017, Táchira fue, de nuevo, el epicentro de manifestaciones sociales: en abril, miles de manifestantes salieron a la calle para repudiar el intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno de Maduro, de tomar los poderes de la Asamblea Nacional. Esto se sumó a las medidas autoritarias y a la crisis humanitaria. Como respuesta a las protestas, el Gobierno retomó el Plan Zamora, un instructivo para operaciones policiales y militares concebido para acabar manifestaciones públicas antigubernamentales. El ministro de Defensa de entonces, Vladimir Padrino López, anunció en mayo de ese año el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones militares a Táchira, lo que se constituyó en una de las grandes militarizaciones en la historia del estado3Prodavinci, «Activada segunda fase en Táchira»..
En un reporte de Human Rights Watch, redactado en noviembre de 2017, se afirma: «el gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso. Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela»4Human Rights Watch, «Arremetida contra opositores».. Desde el Foro Penal confirmamos dieciocho personas muertas, en su mayoría manifestantes, asesinadas por cuerpos de seguridad y grupos paraestatales afectos al Gobierno.
En 2019, la población volvió a las calles para protestar por la crisis humanitaria compleja que vivía el país a causa del covid-19. El entonces presidente del Poder Legislativo y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció el ingreso de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, en el estado de Táchira, lo que provocó concentraciones populares a favor del ingreso de 600 toneladas de alimentos, medicamentos y otros insumos de primera necesidad al país. El gobierno de Maduro ordenó militarizar Táchira, instaurando contenedores en los pasos fronterizos, y desplegó centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas a lo largo de la frontera, en una operación militar denominada por el oficialismo como «la batalla de los puentes».
El saldo de esta nueva ola de represión estatal en el Táchira fue, según información recogida por el equipo de Foro Penal en la región, de al menos once detenidos, más de veinte personas heridas por armas de fuego y tres personas fallecidas. Ante la presión internacional, el Gobierno instauró mesas de diálogo con actores de la oposición, pero las violaciones a los derechos humanos no hicieron parte de la agenda y las cifras presentadas por todo tipo de organizaciones de la sociedad civil no fueron escuchadas.
En medio de la pandemia, el gobierno de Maduro ratificó la figura del protectorado en el estado de Táchira (una autoridad designada por el presidente y que corresponde a cargos que gestionan gran parte de los recursos y las competencias), a través de Freddy Bernal, quien participó en el golpe militar de 1992 y ocupó varios cargos políticos5Connectas, «Las caras del “protector”».. En 2020, Bernal le dijo al portal América Latina en Movimiento: «Táchira es una zona de guerra, uno de los territorios más recalcitrantes para reconocer la autoridad del gobierno bolivariano. El presidente Maduro me pidió que convirtiera a Táchira en una frontera de paz, y lo estamos haciendo. En dos años, hemos recuperado el control del territorio, y esto la derecha no lo puede soportar»6Ibíd..
Los análisis de Foro Penal, tanto en Táchira como en las otras oficinas regionales de la organización, nos permiten afirmar que las detenciones arbitrarias y la estigmatización a activistas fue parte de la estrategia de «pacificación» de la frontera emprendida por el gobierno de Freddy Bernal. Muchas y muchos de los activistas fueron enjuiciados por cargos que abarcaban delitos de resistencia a la autoridad, asociación para delinquir, instigación al odio, rebelión y traición a la patria. El informe «Represión calculada», escrito por Foro Penal, el Centro para los Defensores de la Justicia y Amnistía Internacional, señala: «en 2019, la mayor parte de las detenciones que ocurrieron después de ataques contra personas defensoras fueron llevadas a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), seguidas de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim). Seguidamente se encontró que los distintos cuerpos de seguridad estatal y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ocuparon el tercer y cuarto lugar de cuerpos de seguridad llevando a cabo este tipo de detenciones»7Amnistía Internacional, «Represión calculada»..
En medio de este contexto de deterioro democrático, con prácticas autoritarias cada vez más recurrentes, y de una crisis humanitaria que ha provocado una migración sin precedentes en la historia del país, las y los defensores de derechos humanos hemos llevado nuestra parte. Decenas de organizaciones han monitoreado y documentado las violaciones que hemos sufrido al intentar hacer nuestro trabajo: violaciones que van desde las ya mencionadas detenciones arbitrarias y la estigmatización hasta la asfixia económica, la desacreditación y las conductas delictivas por parte de miembros de los organismos de seguridad del Estado.
A través de tres casos que expongo a continuación, quiero ejemplificar los riesgos a los que nos enfrentamos en el Táchira para garantizar la vida y los derechos de la ciudadanía.
Politizar el derecho a la salud
En medio de la crisis humanitaria provocada por las medidas del Gobierno venezolano, el 10 de febrero de 2019 el personal de salud decidió salir a manifestarse y exigir el ingreso de alimentos y medicinas a través de la frontera. Varios miembros del Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en San Cristóbal, se trasladaron al municipio Pedro María Ureña, en el sector de Tienditas, donde quedaba el centro de acopio de ayuda internacional para Venezuela. En medio de la protesta, Ysabel Teresa Zambrano Moncada, trabajadora del hospital y activista por el derecho a la salud, dio declaraciones al canal de televisión NTN24 en las que explicó los motivos de la manifestación y les exigió a las autoridades nacionales y del Táchira permitir el ingreso de insumos para pacientes que estuvieran graves de salud en el hospital.
Tres días después, en una operación encabezada por el protector Freddy Bernal Rosales, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), funcionarios al comando de Zona 21 de la Guardia Nacional Bolivariana (al mando del teniente coronel Ochoa Sierralta) y miembros de la Fiscalía allanaron sin orden judicial el Hospital Peñuela Ruiz y detuvieron a siete empleados, entre los que se encontraban Ysabel Zambrano Moncada, la asistente de administración, cuatro asistentes de farmacia y un funcionario de la milicia bolivariana que cumplía labores de vigilancia. Además, fueron buscados y detenidos en sus viviendas el exdirector Huber Zambrano y la administradora del hospital, Laura Josefina Martínez.
Durante el operativo, Bernal anunció en Twitter: «En el Hospital del Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz del #Táchira, hemos destituido a quien ejercía el cargo del director del mismo e incautado medicamentos valorados en 113.980 dólares para asistir a 400 pacientes con cáncer»8Bernal, «En el Hospital»..
Ysabel Zambrano Moncada fue detenida inmediatamente. Estuvo incomunicada y fue expuesta en videos televisados por el canal del Estado Venezolana de Televisión: la señalaron de corrupta y afirmaron que, por su culpa, las y los pacientes no recibían tratamiento. El 30 de abril de ese año fue liberada bajo la condición de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales; antes de celebrarse la diligencia, Zambrano recibió presiones para declararse culpable e incluso se buscó apelar la decisión judicial de dejarla en libertad. Cuatro meses después, en el marco de una negociación con un ala de la oposición, previa a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro incluyó a Ysabel en un decreto de indulto en el que concedió la libertad a cien presos y presas políticas del país. La organización Foro Penal llevó el caso y concluyó que las detenciones fueron arbitrarias, pues el Estado nunca presentó pruebas que demostraran lo alegado por las autoridades. El delito de Ysabel fue manifestarse por el derecho a la salud.
El costo de defender la tierra
El 12 de marzo de 2020, en el municipio de Jáuregui (población de La Grita), Robert Joan y Roztbert Daniel Maldonado Molina, hijos del activista por los derechos humanos y el derecho a la tierra Robert Maldonado, fueron detenidos en un puesto de control por la Guardia Nacional Bolivariana. El capitán Daniel Vielma, a quien el activista había denunciado por la apropiación ilegal y abusiva del combustible destinado a los agricultores de la zona, les notificó que estaban detenidos por ser parte de la banda criminal Los Rastrojos, un grupo de origen colombiano dedicado al narcotráfico en zonas de frontera.
Luego de ser trasladados al Tribunal Militar Décimo Tercero, fueron privados de la libertad por el delito de ultraje al centinela, ofensa y menosprecio a las Fuerzas Armadas. La defensa, asumida por la organización Foro Penal, nunca tuvo acceso al expediente ni pudo entregar escritos de apelación contra la privación de la libertad de Robert Joan y Roztbert Daniel; de hecho, ni siquiera pudo acercarse a las instalaciones militares a averiguar por el caso. Estas acciones arbitrarias fueron consideradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como «una violación al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva»9Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 52/2020..
Una vez en prisión, uno de los dos hijos se enfermó. Así quedó registrado en la solicitud que la defensa de los detenidos le hizo a la CIDH: «Robert Joan Maldonado Molina padece de un cuadro grave de pielonefritis aguda (cólicos nefríticos), litiasis renal bilateral, e infección aguda en los riñones, que le habrían causado dilatación de las vías urinarias. Tendría intensos dolores. […] los médicos tratantes habrían informado verbalmente que el paciente debía ser hospitalizado. El tratamiento médico especializado y la hospitalización requeridas no habrían sido brindadas. Del mismo modo, hicieron referencia general a que su lugar de detención no tendría agua por daño en la tubería en la zona, y que el Destacamento 214 de la GNB estaría funcionando como un centro de detección del covid-19»10Ibíd..
Además, los dos hijos de Robert Maldonado fueron sometidos en prisión a tormentos psicológicos: les dijeron varias veces que no saldrían en libertad porque su padre debía pagar por lo que había hecho, que serían trasladados a un centro penitenciario y que su padre era culpable de la situación en la que estaban. El padre, por su parte, recibió cartas en las que anónimos lo culpaban de lo que estaba ocurriendo. Igualmente, se permitió el ingreso a prisión de abogados que no estaban asignados al caso para convencer a los dos inculpados de revocar la defensa y admitir que habían cometido delitos militares. La defensa jamás recibió notificación de ello.
Al final, la defensa elevó la denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Caracas. El Tribunal aceleró la fijación de la audiencia preliminar, donde terminó por desechar la defensa del Foro Penal y se nombró a un nuevo abogado. Tras múltiples presiones, los hermanos Robert Joan Maldonado Molina y Roztbert Daniel Maldonado Molina se declararon culpables y fueron condenados. Días más tarde, el 19 de agosto de 2020, fueron dejados en libertad bajo la condición de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
El 2 de septiembre de ese año, la CIDH falló a favor de los hermanos Maldonado y condenó al Estado venezolano. En la sentencia ordenó a ese Gobierno adoptar «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Robert Joan Maldonado Molina. En particular, asegurando que tengan acceso a tratamientos médicos conforme lo señalado por las valoraciones médicas realizadas por las autoridades competentes»11Ibíd. y a informar a la Comisión, en un plazo de quince días, sobre la adopción de las medidas cautelares.
Más de dos años después de la decisión de la CIDH, se desconoce la respuesta del Estado venezolano y hasta la fecha ningún funcionario ha sido detenido ni sancionado.
Acallar la prensa
El periodista Obeysser Prada Torres denunció en medios de comunicación que, según comerciantes de una feria de comidas rápidas en San Cristóbal, el viernes 24 de enero de 2021 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y familiares de representantes del Gobierno regional ingresaron abruptamente a su venta de comida con armas largas y granadas, bajo los efectos del alcohol, y le propinaron una golpiza al vigilante, a los propietarios y a las personas que estaban allí.
De inmediato, Freddy Bernal citó a una rueda de prensa en la que advertía que, a través de labores de inteligencia, habían logrado descubrir una operación dirigida a ocasionarle daño a él, a Bernal, y a su familia, y que las acusaciones contra su hijo formaban parte de un plan consensuado de la oposición a través de medios de comunicación pagados para desacreditarlo.
Las palabras de Bernal tuvieron eco en la justicia venezolana: el 29 de julio de 2021, el Tribunal Décimo de Control Penal acusó al periodista por el delito de «promoción e incitación al odio». Prada, que en ese momento estaba fuera de Venezuela, reaccionó a la decisión judicial a través de su cuenta en Twitter: «no me han callado y ahora es cuando saldrán a la luz muchas más denuncias de cómo operan las bandas criminales que mantienen secuestradas las instituciones de justicia y de seguridad en #Venezuela, y de cuanto se arrastran ante ellos [sic]»12Prada, «Buenas tardes»..
Esta no es la primera vez que intentan silenciar la voz de Prada Torres. En 2016 había denuncias ante la Fiscalía por persecución en su contra (ninguna ha recibido respuesta) y el propio Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela rechazó en su momento las amenazas que el comunicador ha recibido a través de las redes sociales.
En 2019, Prada denunció presuntas amenazas de muerte por parte de un familiar de Iris Varela, política cercana al chavismo que ocupa el cargo de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En su momento, la denuncia fue desechada por la Fiscalía once días después de recibirla y fue enviada directamente a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos. Hasta el momento, tampoco ha recibido respuesta. Obeysser Prada Torres permanece fuera de Venezuela.
Conclusiones y recomendaciones
Los tres ejemplos que acabo de exponer son una muestra de la magnitud del daño que día a día viven defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas e, incluso, la ciudadanía en Venezuela. A través de un entramado político-judicial, el Gobierno venezolano persigue de manera sistemática la diferencia y quiere acallar las voces que denuncian el uso abusivo del poder.
A pesar de que muchas denuncias han llegado a tribunales internacionales, las y los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro gozan de impunidad, pues los procesos en su contra descansan en oficinas públicas donde no existe el menor esfuerzo por hacer justicia. Por eso, una de las principales recomendaciones que hago es que la mayor cantidad posible de gobiernos presione políticamente a Nicolás Maduro para que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta herramienta constituye una ventana para quienes defendemos la vida y puede servir para aliviar la impunidad en el país.
La comunidad internacional también puede exigir visitas a las personas presas por motivos políticos, así como presionar para que el Gobierno mejore las condiciones en las cárceles y respete los derechos humanos de la población carcelaria.
Es imperativo que los gobiernos presionen para que se respete la defensa de los derechos humanos, que se haga justicia en los casos donde se producen daños como consecuencia de violaciones a los derechos de las personas, se repare el daño causado y no se criminalice a las víctimas por el hecho de denunciar.
De igual forma, ni la sociedad civil venezolana ni el mundo democrático pueden perder de vista las elecciones. Es necesario presionar para que el Gobierno permita unos comicios con participación popular libre y soberana, como lo promete la Constitución, en condiciones reales de igualdad y sin abusos.
Como defensora de derechos humanos, quisiera pedirles a los gobiernos del mundo que cuestionen al Estado venezolano sobre el uso de figuras inconstitucionales como los «protectores», quienes tienen una enorme influencia en la política local y terminan siendo articuladores regionales de un sistema represivo.
Por último, quiero hablar como defensora de los derechos humanos en la frontera entre mi país y Colombia: no habrá paz en el Táchira si los procesos de paz en esa hermana república no llegan a buen puerto.
Referencias
Amnistía Internacional. «Represión calculada: estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela». Acceso el 25 de enero de 2023. Ver más.
Bernal, F. «En el Hospital…». Twitter, 13 de febrero de 2019, Ver más.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 52/2020. Ver más.
Connectas. «Las caras del “protector” de Maduro en la frontera». Acceso el 25 de enero de 2023. Ver más.
Human Rights Watch. «Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela». Acceso el 25 de enero de 2023. Ver más.
Lozano, D. «Venezuela regresa a los racionamientos eléctricos». El Mundo (15 de marzo de 2018). Ver más.
Prada, O. «Buenas tardes…». Twitter, 4 de agosto de 2021, Ver más.
Prodavinci. «Activada segunda fase en Táchira: ¿qué se sabe del Plan Zamora?». Acceso el 16 de junio de 2022. Ver más.
Wallace, A. «San Cristóbal: la ciudad de las barricadas en Venezuela». BBC News (5 de marzo de 2014). Ver más.
RAQUEL SÁNCHEZ
Abogada y defensora de derechos humanos venezolana. Hace parte de la organización Foro Penal, una organización que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
